Corregido se reunió con su par formoseño y analizaron problemáticas de la zona: “La situación socioeconómica es grave”, coincidieron

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Corregido se reunió con su par formoseño y analizaron problemáticas de la zona: “La situación socioeconómica es grave”, coincidieron
El Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco, Gustavo Corregido, se reunió en la ciudad de Formosa con el Defensor del Pueblo de esa provincia, José Leonardo Gialluca, con el fin de analizar la coyuntura económica nacional y el impacto en ambas provincia.
 
 
Tras el encuentro, ambos coincidieron en que es “grave la situación económica y social que atraviesa el país, especialmente nuestras provincias”, y reclamaron por “el destrato que recibimos por parte del Gobierno Nacional”.
Por este motivo, realizaron una declaración conjunta basada en tres ejes principales: instar al gobierno nacional a la actualización de partidas presupuestarias para comedores escolares, desactualizadas desde 2016; desacuerdo ante incrementos desmedidos y arbitrarios en la tarifa de energía eléctrica; y una categórica oposición a la eliminación de pensiones no contributivas por invalidez.
Respecto a los desactualizados presupuestos destinados a comedores escolares, el defensor chaqueño señaló que “es un largo reclamo de nuestra institución; sumado a que rigen valores del 2016, la inflación hace que el dinero alcance aún menos. Ante el momento socioeconómico que atraviesa el país, la labor de los comedores resulta insustituible”.
TARIFA ELÉCTRICA
Los defensores de Chaco y Formosa criticaron los “incrementos ilegales, desmedidos, permanentes y confiscatorios de las tarifas de energía eléctrica en los sectores de generación y transporte, donde el precio mayorista se encuentra dolarizado y es determinado por el Gobierno Nacional”. Aseguraron que “volveremos a solicitar al Estado Nacional la creación de una Tarifa Regional Diferenciada”.
Ante esa situación, Corregido expresó que “el Gobierno Nacional está preocupado por actualizar las tarifas que están dolarizadas, pero no muestra el mismo empeño en actualizar la de los comedores escolares, que está en pesos y con el mismo valor por ración desde el año 2016”.
ELIMINACIÓN DE PENSIONES POR INVALIDEZ
Refiriéndose a la eliminación de pensiones no contributivas por invalidez, el Ombudsman chaqueño volvió a criticar los procedimientos establecidos en la Resolución 268/18 de la Agencia Nacional de Dicapacidad y señaló que “este tipo de decisiones administrativas violenta normas y principios del Derecho Administrativo, la Constitución Nacional y los Tratados sobre Derechos Humanos ratificados por nuestro país e incorporados a nuestro sistema jurídico”.
Para finalizar, Corregido y Gialluca se cuestionaron “a quien defiende el Gobierno Nacional, ¿a los ciudadanos o a las grandes empresas?”, y cerraron: “Las políticas adoptadas desde su asunción sólo van dirigidas a beneficiar los intereses de los grandes grupos económicos, siempre en detrimento de la sociedad en su conjunto y, en particular de los sectores sociales más vulnerables, a quienes por mandato constitucional estamos llamados de defender”.
A continuación, la declaración conjunta completa:

En la ciudad capital de Formosa, Provincia homónima, a los 04 días del mes de Octubre de 2018, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, José Leonardo Gialluca, conjuntamente con el Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco, Gustavo Corregido, preocupados por la grave situación económica y social que atraviesa el país y especialmente las provincias que representamos, siendo estas algunas de las jurisdicciones más pobres del país y el constante destrato evidenciado por parte del Gobierno Nacional; 

DECLARAN:

Instar al Gobierno Nacional a que actualice las Partidas Presupuestarias para el Servicio de Comedores Escolares que se encuentran desactualizados desde el año 2016

  1º. La necesidad que media en que el Estado Nacional actualice las partidas destinadas al mantenimiento de los servicios de los comedores escolares en las provincias representadas por los suscriptores de la presente. Habida cuenta de que tales fondos no se han modificado desde marzo de 2016, no obstante desde aquel periodo a la fecha la inflación ha superado el 70 %. Resultando a la fecha totalmente desactualizadas las remesas que el Gobierno Nacional envía para cubrir el porcentual que le cabe de las erogaciones realizadas para el mantenimiento de los comedores en establecimientos escolares. En la convicción de que la labor realizada en los mismos por el momento socioeconómico por el que atraviesa el país “es insustituible” dado que, en algunos casos, la ingesta de alimentos en los mismos es la única que realizan en el día niños y jóvenes. Siendo irreparables las consecuencias que podría causar el desatender la necesidad de actualización en el envío de fondos a los comedores escolares que marca el incremento de los insumos esenciales que componen las raciones diarias brindadas en escuelas y colegios de Formosa y Chaco. 

 

Incrementos ilegales, desmedidos, permanentes y confiscatorios de las tarifas de energía eléctrica en los sectores de generación y transporte en los cuales el precio mayorista se encuentra dolarizado y es determinado por el Gobierno Nacional

2º El total descuerdo con respecto al maltrato recibido del otrora Ministerio de Energía y Minería de la Nación, hoy Secretaría anexada al Ministerio de Hacienda y Energía de la Nación, caracterizadas por la total desinformación a los destinatarios de los servicios públicos, respecto de los componentes esenciales de los mismos. Fundamentalmente las proyecciones económicas reales tenidas en cuenta por la Empresa de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) para fijar los costos de generación de la energía y la Compañía Argentina del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) en cuanto a la comercialización. En éste sentido, se denuncia el embate reciente a las potestades de millones de habitantes del país mediante el dictado de la Resolución 122/18, que dispuso la eliminación de la Tarifa Social de Energía para los hogares argentinos. Norma finalmente dejada sin efecto por la Resolución Nº 07/18 de la Secretaria de Energía de Nación, quedando en evidencia la deliberada intención de quitar el citado beneficio a sus destinatarios con las nefastas consecuencias que tal medida ocasionaría a las economías familiares de los sectores más humildes de la sociedad argentina en general y especialmente a los de Formosa y Chaco. Provincias electrodependientes y que por sus características climáticas destinan la mayor parte del consumo eléctrico al aclimatamiento de los hogares. Todo lo cual, nos ha determinado a solicitar al Estado Nacional en varias oportunidades la creación de una Tarifa Regional Diferenciada, sin obtener una respuesta adecuada y acorde a nuestras necesidades. Asimismo, en relación al Programa Hogares con Garrafas desde hace un tiempo el Estado Nacional ya no efectúa los controles sobre los valores de comercialización de las mismas, existiendo una total discrecionalidad en los precios exigidos a los consumidores, lo que en la práctica se traduce en verdaderas situaciones de abuso y en el caso de la Provincia de Formosa esta situación se evidencia con fuerza en las localidades del interior.

Eliminación de las Pensiones No Contributivas por Invalidez

3º La categórica oposición a la aplicación de los procedimientos establecidos en la Resolución Nº 268/2018 de la Agencia Nacional de Discapacidad en cuanto aprueba un nuevo circuito de notificación a los beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez ante presuntas incompatibilidades con el Decreto Nº 432/97, reglamentando así la determinación de bajas y caducidad de tales beneficios, mediante notificaciones masivas –no fehacientes- y plazos perentorios para efectuar determinados tramites a cargo del pensionado, es decir, la parte más débil de la relación. Claramente, este tipo de decisiones administrativas no solo violentan normas y principios del Derecho Administrativo, la Constitución Nacional y los Tratados sobre Derechos Humanos ratificados por la República Argentina e incorporados a nuestro sistema jurídico, sino también reflejan un total desconocimiento de la realidad geográfica, poblacional, social y económica de los destinatarios de tales pensiones, justamente personas con discapacidad. Dicha Resolución supone que todos los habitantes del país tienen el mismo nivel de acceso, cuando ello, no es así. Cada provincia, cada localidad y paraje del país presenta una realidad distinta y decisiones como las aquí adoptadas por el Estado Nacional, deben ser aún más estrictas en cuanto a la legalidad, oportunidad y conveniencia en su aplicación, puesto que se encuentran en juego derechos fundamentales de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Quienes con este tipo de medidas se ven aún más perjudicados.

Finalmente y en consideración a lo brevemente analizado, los aquí firmantes se cuestionan a quien defiende el Gobierno Nacional ¿a los ciudadanos o a las grandes empresas? Por cuanto las políticas adoptadas desde su asunción solo van dirigidas a beneficiar los intereses de los grandes grupos económicos, siempre en detrimento de la sociedad en su conjunto y, en particular de los sectores sociales más vulnerables, a quienes por mandato constitucional estamos llamados de defender. 

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