LA DISYUNTIVA DEL AUTOABASTECIMIENTO ENERGÉTICO por el profesor Santiago Teves

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La cuestión energética en nuestro país es uno de los grandes dilemas sin resolverse, desde el descubrimiento de los yacimientos petrolíferos, la sociedad ha estado en una encrucijada, en una falsa dicotomía impuesta arteramente por la clase política, sí los mismos deberían pertenecer al estado o privatizarlos como sucedió en los 90.

En efecto, la estatización de YPF, fue uno de los logros más importantes del Estado Argentino, recuperando la autonomía y la capacidad de producción de la energía no convencional, comenzando así un largo camino hacia el ansiado autoabastecimiento energético.

Sin embargo, las contradicciones propias de la dirigencia política en nuestro país están signadas por los intereses políticos y económicos; y circunstanciadas fundamentalmente por las demandas electorales. Asimismo la posición del gobierno nacional con respecto a la exploración y explotación de petróleo no convencional en vaca muerta, es inverosímil; ya que la dirigencia del PRO e inclusive la vicepresidente se olvidan de que votaron en contra de dicha estatización, lo que demuestra la inconsistencia y la incoherencia del plan energético que lleva adelante la administración actual.

¿Cuánto vale producir la energía en la Argentina? ¿Cuál es el costo del gas? Por ejemplo el millón de BTU, unidad calórica con que se mide el gas cuesta en la argentina alrededor de 7 dólares y el promedio en el mundo es de solo 4 dólares. Ahora bien, a través de una brillante y exponencial mentira, los funcionarios del Gobierno Nacional convencieron a la población de que se pagaba barato e injustamente el precio de la energía; debiendo llegar razonablemente al precio internacional.


El presidente Mauricio Macri explicó por cadena nacional la situación de la crisis energética actual, afirmando que estamos en el 70% de la readecuación en las tarifas de los servicios públicos, sin mencionar la extraordinaria compensación que hace el estado a las empresas petroleras, o aquellas que solo tienen la concesión para transportar y distribuir la energía, el agua y el gas. Por otra parte, el congreso de la nación aprobó la ley de emergencia tarifaria, buscando retrotraer los precios a noviembre del año 2017. Seis horas después el primer mandatario la vetó.

¿Hasta cuando los argentinos seremos insensatos? Después de la elección del año 2011, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner determinó aumentos graduales en las tarifas de los servicios públicos, dejando a merced de los usuarios la renuncia voluntaria a los subsidios. ¿Cuántos renunciaron? En esa época más de 20 millones de argentinos eran alcanzados por los subsidios del estado nacional, solo renunciaron 30 mil; y hoy un sector de la población paradójicamente consiente al gobierno, tratando de justificar su política de ajuste. No obstante, los periódicos hablaban de un ajuste brutal, de recetas ortodoxas de la economía impuestas por parte del fondo monetario internacional.

El blindaje mediático, soslaya la centralidad de lo que sucede, pero lo que no se puede ocultar es la realidad y los aumentos sostenidos en el tiempo de 157% en el gas, 372% en la electricidad y 484% en el agua ¿Qué dicen los medios monopólicos al respecto? Absolutamente nada, solo consienten el vicio de la impunidad del poder.


Por esta razón, es imprescindible que la ciudadanía Argentina no degrade la política, sino más bien tenga una posición firme en relación a los mensajes que muchas veces se tergiversan con la idea de desorientar a la opinión pública. ¿Cuál es la relación de precios, costos, salarios e inversión en los últimos años? En el 2003 el salario mínimo vital y móvil representaba en precios relativos de moneda extranjera 85 dólares, que para la época ya estaban depreciados por la crisis del 2001, el ex presidente Néstor Kirchner elevó, y al finalizar su gestión, lo dejó entre los más altos y razonables de la región. De la misma manera, en diciembre del 2015 el ingreso mínimo vital y móvil representaba un salario real y con capacidad para afrontar los aumentos en los servicios, pero la devaluación brutal en los dos últimos años pulverizó el poder adquisitivo del salario, haciendo imposible hacer frente a la suba de las tarifas de los servicios públicos, estableciendo diferencias abismales entre los salarios y los precios relativos, obligando a sectores industriales y pymes a reducir costos. Para terminar, en materia de inversión el gobierno anterior construyó el 64% de la red de alta tensión del país, lo que favoreció enormemente a la equidad de aquellas zonas que no tenían acceso a la electricidad.


Por último, el gobierno nacional tiene la obligación moral de convocar a las provincias, empresarios, y petroleras, con el objetivo de buscar un acuerdo nacional, que tenga como principios fundamentales: la revalorización de la política, la consistencia de las ideas, programas y proyectos alternativos ; y la coherencia de los mensajes gubernamentales, poniendo el eje en la sociedad, en la clase media, sectores industriales y pymes, que se encuentran sofocados por el precio irracional de los servicios.
Finalmente el gobierno debe replantearse el camino elegido, ya que llegamos al límite de la tolerancia social.

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