LA UNIÓN JUDICIAL DEFINIÓ PARO POR 36 HORAS

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Se continuó el viernes por la tarde la Asamblea de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco con presencia de afiliados y representantes de la capital provincial y del interior, desde donde solicitaron ampliar las medidas de fuerza ante la inexistencia de alguna propuesta, resolviéndose luego de un largo debate convocar a PARO general de actividades con retiro y concentración frente al Superior Tribunal de Justicia y frente a los principales juzgados de cada circunscripción judicial del interior, a partir de las 10:30 hs. del día Jueves 13 de Septiembre y PARO general de actividades sin asistencia a los lugares de trabajo, por 24 hs. para el día Viernes 14 de Septiembre.

Las medidas resueltas están supeditadas al ofrecimiento que pudiera hacer el presidente del S.T.J., Dr. Rolando Toledo, en la reunión del día lunes próximo con Comisión Directiva, recordando la Asamblea en este punto que los reclamos del gremio tienen que ver con la corrección de los decretos 492 y 556 impuestos por el gobierno, los cuales son inconstitucionales, injustos y discriminatorios y la incorporación de aumentos porcentuales que respeten la estructura de cargos y nuestra ley 2895 y no de sumas en negro que achatan la pirámide salarial de la Justicia.

Se analizó que las dos políticas salariales que impusieron en los últimos años favorecen solamente a los Jueces, en el caso de la diferenciación en la bonificación por título y permanencia en el cargo y a los ordenanzas que se inician en sus tareas, en el caso de las sumas en negro, perjudicando exclusivamente al gran arco de cargos que van desde auxiliar administrativo hasta Jefe de departamento, quienes son los que sostienen el servicio de justicia.

Se espera el compromiso del Superior Tribunal de Justicia para que efectivamente utilice las herramientas que posee, haciendo valer su independencia como poder estatal y reclame la transferencia de fondos del Ejecutivo, adelantando los pagos impuestos a principio de año y un nuevo convenio justo y equitativo, para garantizar el cuidado del poder adquisitivo de los salarios, ante la crudeza de la escalada de precios en servicios y productos básicos; que el Ejecutivo invierta en salarios parte del 38 % más de coparticipación que recibe con respecto al período anterior, tal como los municipios de Resistencia y Barranqueras lo han hecho con menos recursos, y pese a la quita del fondo sojero otorgan incrementos superiores al 30% para sus trabajadores; finalmente que el Poder Legislativo corrija los decretos discriminatorios del Poder Ejecutivo sancionando incrementos salariales que respeten nuestra Ley porcentual y las reiteradas sentencias ratificadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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