La violencia policial en el Chaco, una política de Estado por Juan García

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Lo de Fontana no fue una excepción: informe sobre los reiterados casos de abusos y represión en los últimos años en la provincia

La violencia policial en el Chaco, una política de Estado

El ataque de la policía de la Comisaría 3ra de Fontana contra una familia qom del barrio Bandera Argentina de Fontana generó una ola de indignación en todo el país. Se trata de un abuso aberrante, con torturas y abuso sexual contra las víctimas. La brutalidad del evento es una expresión de una situación general, donde los casos de gatillo fácil, los abusos policiales y la represión policial son una política de Estado.

Con la pandemia y el pico de infecciones en el barrio Toba de Resistencia, donde muchas familias viven hacinadas en viviendas estatales muy precarias, la violencia policial contra los indígenas se ha incrementado, al igual que en toda la provincia.

El primer ejemplo fue el cerco del barrio Toba , una militarización que precedió a la de Villa Azul. El barrio fue vallado totalmente, dejando a los vecinos prácticamente aislados. Mientras abundaba la policía, las medidas sanitarias y sociales fueron totalmente insuficientes, condenando al contagio a gran parte de los vecinos del barrio que son parte de la población más golpeada de Resistencia. En el marco de este aislamiento, las fuerzas de seguridad desarrollaron una persecución especial contra los indígenas, en ocasiones disfrazada de medidas “sanitarias”. Es lo que denunció el director del Coro Toba Chelaalapí, que fue hostigado por la policía por el sólo hecho de ser indígena, sin ningún propósito sanitario pero aprovechando la situación represiva armada por la cuarentena.

En El Sauzalito, fue encarcelado Carlos José Peñaloza, quien declaró: “me llevaron a Fuerte Esperanza, me maltratan. A la noche del martes 12 me sacaron toda la ropa, todo, todo… Me colgaron con esposas a cada mano, estaba desnudo… Toda la noche desnudo hasta el amanecer y ahí recién me dieron mi ropa… El miércoles a la noche, otra vez lo mismo, desnudo… Yo nunca he visto que los policías actúen así. Para mí es un dolor. Yo no me canso, pase lo que pase, no me voy a cansar, voy a luchar por mi gente, por mi pueblo”. Peñaloza fue liberado el 15 de mayo luego de un corte de la Ruta 9 reclamando su liberación.

La pandemia agravó la represión policial en todos los barrios y pueblos del Chaco. En la provincia rige un toque de queda a las 21 h. Hay decenas de barrios aislados y militarizados, empezando por la zona sur de Resistencia, donde la policía controla todos los pasos de acceso al centro de la ciudad.

El diputado provincial Aurelio Díaz, del Partido Obrero del Chaco, agrega a las denuncias: “el gobierno no solamente está militarizando los barrios, sino que recurre a la represión contra todos los reclamos populares. A la caravana de médicos por condiciones en el sistema de salud le pusieron la policía, para que no accediera al centro. Antes de eso, a los comerciantes y, en el caso de los remiseros, incluso hubo detenidos y automóviles confiscados. Se trata de una política que en lugar de dar respuesta a los reclamos recurre a la represión policial. Nosotros propusimos un proyecto de impuesto a las grandes fortunas que permitiría abordar la situación social crítica de la provincia, pero en lugar de eso, se recurre a la represión generalizada”.

Violencia estructural

Pero la represión contra las comunidades indígenas no surgió con la pandemia.  Un antecedente importante, fue la represión y los abusos policiales en el Barrio Toba de Sáenz Peña, el último 20 de abril, cuando más de 10 vecinos qom fueron encarcelados y denunciaron toda clase de abusos y discriminación de la policía por su condición de indígenas. Un barrio que forma parte de la misma comunidad en la que murió asesinado en 2018 el niño de 13 años Ismael Ramírez, en un episodio que la policía caratuló como un saqueo pero en el cual los vecinos denunciaron que fue un conflicto que surgió por la retención de las tarjetas de pago de planes sociales por parte del dueño del supermercado El Impulso. El crimen quedó impune.

Las dos comisarías existentes en Fontana, donde ocurrieron los hechos de este fin de semana, son conocidas por las numerosas denuncias de abusos y torturas, especialmente contra los vecinos de los barrios humildes. Aunque la violencia policial contra la juventud es moneda corriente, hay zonas y comisarías donde se concentra una especial brutalidad. Es el caso, por ejemplo, de la Comisaría 4ta de Resistencia, donde las denuncias por torturas son recurrentes.

En la Cuarta, una larga lucha de organizaciones políticas y sociales de la provincia terminó en un juicio limitado que impuso tres años de prisión en suspenso a los agentes involucrados en las torturas contra Daniela y César Romero del Blanco, en el año 2010. Mientras se desarrollaban las denuncias hasta el juicio, dichos agentes fueron ascendidos año a año por la policía provincial. Las denuncias de torturas en la Comisaría Cuarta se replican año tras año.

En noviembre 2019, familiares de detenidos hicieron piquetes frente a la comisaría cuando una de las madres escuchó desde afuera los gritos de las golpizas a los detenidos. La denuncia de los familiares llegó al comité contra la tortura y a diferentes instancias estatales, pero no hubo ningún tipo de respuesta. El hacinamiento en las comisarías, que concentran gran cantidad de los detenidos que no tienen lugar en la Alcaldía ni en la U7, es un caldo de cultivo terrible para la violencia policial. La detención por “portación de cara”, la práctica de tener a los detenidos sin causa tres, cuatro o cinco días en la comisaría sin largarlos, demorando inclusive las órdenes de libertad de los fiscales, agravan este cuadro.

Toda esta violencia no tiene solamente el objetivo de ser un método de control social de los vecinos de las barriadas humildes de toda la provincia, es además la contracara del control que ejerce la policía sobre el narcomenudeo, sobre el crimen en los barrios, los negociados de la prostitución, etc.

Represión contra las organizaciones

Esta política represiva se replica en la represión contra las organizaciones sociales. En mayo de este año, dirigentes del Polo Obrero y la Cuba fueron encarcelados en el marco de una jornada nacional de lucha con la consigna “con hambre no hay cuarentena”. Antes, fue detenido el dirigente del MTH, Carlos Barraza, junto a su compañera, cuando transitaba por su barrio. Barraza denunció que su detención fue posterior a las denuncias por la situación de precarización laboral de sus compañeros. En febrero, una brutal represión contra organizaciones piqueteras de Quitilipi derivó en una persecución en la cual la dirigente del movimiento, Eliana Meza y su compañero estuvieron casi dos días siendo perseguidos por el monte y zonas rurales, sometidos a una verdadera cacería humana.

Para muchas organizaciones que llamaron a apoyar al actual gobernador, la política represiva del período 2015 – 2019 fue responsabilidad del tándem Macri–Peppo. Son los problemas de no tener memoria, Capitanich cuando fue gobernador fue responsable político de la represión que terminó en el asesinato de Angel Verón, en el año 2015, luego de una represión en un piquete de la ruta 11. El crimen de Verón sigue impune y el tramite judicial se realiza bajo la carátula de homicidio culposo, la figura por excelencia para exculpar a los asesinos.

Cooptación

La particularidad del gobierno de Capitanich es que ha combinado la continuidad de esta política fuertemente represiva con una política de cooptación de organizaciones de derechos humanos y sociales. Así, por ejemplo, en medio de la pandemia, el gobernador encabezó el acto por los fusilamientos en Margarita Belén. En el Comité contra la tortura, en la Secretaría de Derechos Humanos y otros organismos estatales trabajan viejos luchadores por los derechos humanos, actualmente pasados al campo oficial.

Estos organismos son totalmente impotentes para enfrentar la violencia policial, pero desarrollan una amplia verborragia derechohumanista y se mantienen en el terreno del apoyo al gobierno. El gobernador suele recurrir a procedimientos como, luego de violentas represiones, reunirse con las víctimas y mezclar promesas de justicia con algunas concesiones y la satisfacción de ciertos reclamos. Es lo que hizo, por ejemplo, luego de la represión en el Barrio Toba de Sáenz Peña el 20 de abril. Pero la represión continúa una vez que parten las delegaciones oficiales.

Hay que recordar que la Fiscalía de Derechos Humanos de la Provincia fue puesta en pie por mandato de la comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de que la provincia fuera intimada a tomar medidas contra la violencia policial por la responsabilidad en la muerte y posterior absolución de los policías asesinos del artesano Juan Ángel Greco, quemado vivo en la Comisaría de Puerto Vilelas.

Esta fiscalía recibió, en los primeros tres años de funcionamiento, mil denuncias pero elevó a juicio solamente tres de ellas. La Fiscalía de Derechos Humanos a cargo del fiscal Turraca se ha transformado en una pieza esencial en la impunidad policial. El “como si” institucional es una política de encubrimiento de la realidad, que está en las celdas y las calles y donde manda la policía brava.

¿A que responde la violencia?

La enorme violencia desplegada responde a motivos de fondo: la represión es una parte esencial de una política de control social por parte del Estado, sobre una provincia con un retroceso económico de alcance histórico, niveles récord de desocupación y que es además un punto de paso para el narcotráfico y donde las medidas del Estado para contener esta enorme crisis económica son siempre insuficientes. Una provincia donde las tensiones sociales están a flor de piel y donde, por añadidura, existe una tradición de organización y combatividad en las barriadas que no ha podido ser desterrada pese todos los recursos de la cooptación y la corrupción promovida por el gobierno entre las organizaciones sociales.

Junto a la represión policial en los barrios crecen como hongos las iglesias evangélicas financiadas por el Estado, que tienen el objetivo de complementar, “por las buenas” el control de la población frente a una situación social crítica que las fuerzas del orden llevan adelante por las malas.

En Chaco nunca fueron desarmados los aparatos represivos heredados del gobierno de Serrano, de la dictadura militar. Los trágicamente conocidos Tozzo, Losito, Riquelme, y otros responsables de la masacre de Margarita Belén fueron condenados a perpetua, pero su herencia está mas viva que nunca en la policía provincial. El desarme de estos aparatos represivos de Estado es una consigna ineludible para todo el pueblo del Chaco.

 

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