1983: Primavera democrática EL PLAN FALLIDO DEL AUTOPERDÓN ENTRE DICTADORES

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Una fuga hacia adelante… De eso se trataba la estrategia de la dictadura cívico militar a partir del desastre de Malvinas. Primero quisieron extender su presencia en el tiempo. Al fracasar en ese camino tramaron leyes de impunidad para esquivar la justicia civil, a la que despreciaban profundamente.

Foto: Reynaldo Bignone, último presidente de facto e impulsor de las medidas de impunidad.


Mi padre me contó alguna vez que un vecino del barrio -allá en José C. Paz-, sargento del Ejército, solía relatarle historias horribles que ocurrían en Campo de Mayo, donde había secuestros, torturas y muertes de militantes políticos. Sin que nadie le preguntara nada, el militar se excusaba diciendo que cumplía órdenes de los oficiales. No podía evitar hablar: exorcizaba y presumía a la vez ante un pequeño morboso grupo de vecinos. Años después estuvo procesado y detenido, pero la ley de Obediencia Debida lo liberó del peso de la Justicia.

Apostaban a la impunidad y al olvido. Hubo intentos, manotazos de ahogado, actitudes defensivas para evitar enfrentar a la Justicia. Con el temerario título “Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo” se conoció una declaración que militares de las tres fuerzas venían preparando desde hacía tiempo bajo el nombre en clave “Delta”. ¿La intención? Justificar la represión ilegal y sangrienta de esos ocho años y protegerse de las posibles consecuencias después del 10 de diciembre de 1983.

Este documento se presentó por televisión, en cadena nacional, en una transmisión de 45 minutos. Fue escalofriante: un hombre leyó un texto ilustrado con imágenes viejas que mostraban organizaciones guerrilleras en el campo y la ciudad. A continuación, aparecían las manos y las caras de obreros agrícolas e industriales trabajando bajo la supuesta paz que habían instalado las Fuerzas Armadas. El «Día D», así bautizaron a ese día en el que emitieron el documento final, fue el 28 de abril de 1983, a las 22 horas. Hubo récord de televisores encendidos, de un lado y del otro: los que aprobaban y los que lloraban y vomitaban ante esa “tiendita del horror”.

Foto: La tapa de Clarín el 29 de abril de 1983 ilustra el plan militar para defender el terrorismo de Estado.


Los dinosaurios van a desaparecer

“Ya lo dijo Videla, los desaparecidos no están más, che”, decía con desprecio ese hombre bocón que se paraba en la esquina de su casa: brazos cruzados, panza firme y bigote frondoso. “Son una incógnita, no tienen entidad, no están ni vivos ni muertos”, había dicho ese general que se creyó administrador de la vida y de la muerte. El Documento Final iba en ese mismo sentido: “si no estaban en el exterior o en la clandestinidad, los desaparecidos estaban muertos”.

La investigadora del Conicet, Marina Franco, analizó esta exposición: “el gobierno ratificaba lo actuado en la lucha contra la subversión bajo la perspectiva de que se había tratado de una ‘guerra inédita’; reconocía haber cometido ‘errores’ durante su desarrollo y se encomendaba por ello al juicio de la Historia; ratificaba su convicción de volver a hacerlo si era necesario, y declaraba de manera definitiva que los desaparecidos estaban muertos y que no tenía más informaciones que dar”.

Al día siguiente, decenas de familiares de desaparecidos se agolparon frente a las puertas de Moreno 717, una oficina del Ministerio del Interior, para exigir noticias de miles de personas desaparecidas.

El 23 de septiembre de 1983, el general Reynaldo Bignone, cuarto presidente de facto de la dictadura, promulgó la ley 22.294, denominada “Ley de Pacificación Nacional”. Era claramente una “autoamnistía”.

Pero el plan militar no iba a prosperar. En un clima social en el que la democracia por venir estaba en el aire, la reacción de la calle no se hizo esperar. La gente salió a protestar contra el intento de impunidad; las pancartas agitaban una sola y contundente línea: “No al indulto, sí a la vida”.

Durante la campaña electoral, Raúl Alfonsín les respondió: “No vamos a aceptar la autoamnistía, vamos a declarar su nulidad; pero tampoco vamos a ir hacia atrás, mirando con sentido de venganza; no construiremos el futuro del país de esta manera. Pero tampoco sobre la base de una claudicación moral, que sin duda existiría si actuáramos como si nada hubiera pasado en la Argentina”, prometió en el discurso realizado en la cancha de Ferro. Ítalo Lúder, el candidato peronista para las elecciones, y profesor de derecho constitucional, consideró que la ley hacía imposible el juzgamiento de los crímenes cometidos por los militares.

 

Foto: Protestas en las calles, tras la sanción de la “Ley de Pacificación Nacional”, o ley de autoamnistía.


Ya en democracia, el 15 de diciembre el Congreso fue convocado para que se debatiera sobre la nulidad de la legislación. El proyecto tuvo un tratamiento rápido en comisiones y en la Cámara de Diputados. Para el día 22, ya había sido aprobado en el Senado. Los principales oradores fueron los senadores Fernando de la Rúa y Eduardo Menem.

Vencido en el plano legislativo, Bignone ordenó destruir toda la documentación sobre los “detenidos desaparecidos” existente en las fuerzas armadas. Intentó en vano, imponer una serie de condiciones al gobierno entrante, pero fracasó.

El tiro del final

Muchos años después, fui a visitar a mis padrinos que vivían al lado de la casa donde había pasado mi niñez. Quise recobrar sensaciones del barrio que ya tenía sus calles asfaltadas y algunos negocios. Caminé alrededor de la manzana donde había vivido y traté de poner caras guardadas en mi memoria a las personas con las que me cruzaba. Entonces lo vi. Ese sargento que se jactaba de sus proezas en las mazmorras de la dictadura y que las leyes del perdón lo habían exonerado, intentaba ponerse de pie en la galería de su casa, luchaba por salir de una mecedora de mimbre. No podía lograrlo, el cuerpo ya no le respondía. Me miró y balbuceó algo que no entendí, tampoco le hablé. Supe que años después, con la derogación de las llamadas leyes del perdón, la Justicia lo llamó a declarar. Pero la citación llegó tarde, el hombrecito ya sin poder había muerto. No pudo levantarse solo del sillón.