Las tensiones políticas entre el gobierno federal y las autoridades de Illinois escalaron esta semana luego de que el presidente Donald Trump enviara tropas de la Guardia Nacional al estado, en el marco de su ofensiva contra la inmigración y el crimen en las grandes ciudades. La medida tomó por sorpresa al gobernador JB Pritzker y al alcalde de Chicago, Brandon Johnson, quienes aseguran no haber recibido ninguna comunicación oficial sobre el destino o las funciones de los efectivos.
Trump justificó la decisión argumentando que Chicago -gobernada por demócratas- se ha convertido en un foco de criminalidad y desorden. Desde Washington, lanzó duras críticas en redes sociales y llegó a decir que Pritzker y Johnson “deberían estar en la cárcel” por “no proteger a los agentes federales”. El mandatario, además, sugirió que podría invocar la Ley de Insurrección, una norma que permite el despliegue del Ejército en territorio nacional si los estados “no pueden mantener el orden o desafían la autoridad federal”.
Mientras tanto, un contingente de la Guardia Nacional de Texas arribó esta semana a un centro de reserva del Ejército en Elwood, un suburbio de Chicago. Testigos reportaron un fuerte operativo de seguridad, con vallas y lonas instaladas para bloquear la vista al público. Las autoridades locales admiten desconocer el propósito exacto de la presencia militar. “El gobierno federal no se ha comunicado con nosotros de ninguna manera sobre sus movimientos de tropas”, declaró Pritzker. “No puedo creer que tenga que decir ‘movimientos de tropas’ en una ciudad estadounidense, pero de eso estamos hablando”.
Reacciones políticas y acciones judiciales
El envío de tropas encendió una batalla legal inmediata. El estado de Illinois y la ciudad de Chicago presentaron una demanda conjunta para que la Justicia declare ilegal la intervención de la Guardia Nacional. Una audiencia está prevista para este jueves, mientras otro tribunal de apelaciones evaluará en paralelo un intento similar del gobierno federal por desplegar tropas en Portland, Oregón, donde un juez bloqueó la medida el fin de semana pasado.
Testigos reportaron un fuerte operativo de seguridad, con vallas y lonas instaladas para bloquear la vista al público. Foto: AP/Laura Bargfeld
Desde el otro lado del espectro político, algunos gobernadores republicanos han respaldado la decisión presidencial. En Tennessee, el gobernador Bill Lee anticipó que espera la llegada de la Guardia Nacional a Memphis antes del viernes y aseguró que los militares podrían “asistir a la policía local”.
El debate resucita viejas tensiones sobre la aplicación de la Ley Posse Comitatus, que restringe el uso del Ejército en tareas policiales dentro del país. Solo el Congreso o el propio presidente, bajo circunstancias excepcionales, pueden autorizar su despliegue con fines de seguridad interna. Para muchos líderes estatales, Trump está cruzando una línea institucional peligrosa. “Esto se trata de autoritarismo, de infundir miedo”, denunció el alcalde Johnson. “Está rompiendo la Constitución para ganar más control sobre nuestras ciudades”.
Escenario tenso en Chicago y otras ciudades
En los alrededores de un centro de detención de inmigración en Broadview, a las afueras de Chicago, manifestantes se han enfrentado con agentes federales en los últimos días. Este miércoles, la jueza Sara Ellis anticipó que planea restringir el uso de gas lacrimógeno y otras tácticas de control de multitudes contra periodistas y manifestantes pacíficos.
En Portland, las protestas frente a instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continúan desde hace semanas. En junio, las autoridades locales llegaron a declarar un “motín”, y aunque la intensidad de los disturbios ha disminuido, los enfrentamientos persisten. En respuesta, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem advirtió que su agencia podría enviar “cuatro veces más agentes federales” si las autoridades municipales no refuerzan la seguridad en torno al edificio del ICE.