El tribunal fijó la fecha de alegatos: el 20 de agosto
Los ex presos políticos Eugenio “Yango” Domínguez Silva, Hugo Dedieu, Dante Peinó, José Luis Valenzuela y Aníbal Ponti testimoniaron sobre el duro régimen carcelario que sufrieron y la connivencia judicial al respecto. El ex guardia cárcel acusado por tormentos, Pablo Casco, realizó su aplicación indagatoria, con una descripción idílica de las condiciones de detención en la U7. Contrapunto entre Aníbal Ponti y el tribunal.
El juicio oral denominado causa Mazzoni- Casco, sexto por crímenes de lesa humanidad y primero en contar con imputados civiles implicados en terrorismo de Estado en el Chaco culminó este martes 6 su tercer día de audiencias con una jornada que comenzó pasadas las 9 y se extendió hasta las 14. En ese lapso se avanzó con cinco declaraciones testimoniales de ex detenidos políticos Eugenio “Yango” Domínguez Silva, Hugo Dedieu, Dante Peinó, José Luis Valenzuela y Aníbal Ponti, este último presidente de la Comisión Provincial por la Memoria Chaco, protagonista de un fuerte cruce con el tribunal durante su testimonio.
El debate programado para el miércoles 7 no tendrá lugar por lo cual la causa pasó a cuarto intermedio hasta el lunes 12, oportunidad en la que se espera contar con el testimonio de un testigo convocado desde la defensa. Asimismo, el tribunal informó que atento al desarrollo de la etapa de prueba y los testigos restantes así como demás cuestiones procesales, en principio se dispuso el martes 20 de agosto como la fecha de inicio de alegatos. De este modo se espera que para fines de mes o primeros días de septiembre se pueda contar con una sentencia.
En el juicio figuran imputados el ex funcionario judicial Roberto Mazzoni y el ex guardicárcel de U7 Pablo Casco, el primero por su colaboración con el dispositivo de secuestros y torturas a militantes en la década del setenta, y Casco, quien ayer brindó su ampliación indagatoria, por torturas y tormentos agravados a dos detenidos.
Integran el tribunal el juez Juan Manuel Iglesias (presidente), la jueza Selva Angélica Spessot (de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes) y el juez Eduardo Ariel Belforte, del Tribunal Oral de Formosa.
CASCO I: “DERECHO Y HUMANO”
La audiencia estaba pautada para comenzar a las 9 pero lo hizo a las 10 y 20, a causa de la superposición de un debate de otro juicio oral en la sala del Tribunal Oral Federal. Antes de las declaraciones de los testigos convocados, el imputado Pablo Casco realizó su ampliación indagatoria ante el Tribunal en la cual negó las acusaciones. Con ese objetivo en mente, Casco, señalado como el responsable de la guardia más dura del citado penal afirmó que el trato “era humano y correcto”. El imputado es recordado en la comunidad de ex detenidos por la el maltrato permanente y el énfasis puesto en someterlos a un régimen de destrucción física y mental, presente en el penal el 12 diciembre, cuando participó en la entrega de varios detenidos al Ejército para su posterior fusilamiento en la Masacre de Margarita Belén. Casco señaló que nunca aplicó sanciones superiores a los diez días y que las tareas de traslado y recepción de detenidos – oportunidades en las que los presos políticos eran golpeados – eran realizadas por una sección distinta a la suya. En una descripción que nada tiene que ver con lo conocido respecto de los centros de reclusión y cautiverio bajo el terrorismo de Estado Casco llegó afirmar que “la comida de los internos especiales era mejor que la de los internos comunes”. Terminado su descargo, rehusó contestar preguntas. Permaneció cabizbajo durante los primeros testimonios, mientras los sobrevivientes relataban situaciones diametralmente opuestas a sus dichos. Promediaba la audiencia cuando manifestó sentirse mal y solicitó al tribunal permiso para abandonar la sala y permanecer bajo custodia en otro sitio, el cual fue concedido.
CASCO II: “VAN A SABER LO QUE ES QUEBRARSE”
La audiencia continúo con la prueba testimonial y el aporte en ese sentido de los cinco ex detenidos por razones políticas; todos con un idéntico itinerario de detenciones a fines de 1975 o principios del 76, sin proceso judicial, o con serias irregularidades, y un paso por la Brigada de Investigaciones para ser sometidos a interrogatorios bajo tortura y luego traslado a la Alcaidía primero y la U7 después.
El periodista misionero Hugo Dedieu contó que, transcurrido poco tiempo luego del golpe de Estado, las condiciones de detención se agravaron; les retiraron todo el material de lectura, medios de comunicación, radio, algún televisor que había en el pabellón, y se impuso un régimen de encierro durante la mayor parte del día. “Estábamos entre 22 y 23 horas por día en una celda en condiciones de hacinamiento, con espacio para un camastro pero un promedio de dos personas recluidas, sin condiciones de ir al baño”. Por su parte, Dante Peinó sostuvo que la comida en la U7 era escasa, y se servía de tal modo que siempre había reclusos que se quedaban sin comer, y que llegó a pesar 47 kilos. También resaltó “las condiciones de vida horribles, había casos de hongos, sarna, y órdenes confusas pero que si no las cumplíamos provocaban castigos muy duros”. Además, recordó; “una noche casi me muero de sed, no nos habían dado agua en todo el día y acostado en mi celda escuchaba como goteaba una canilla. Pero no podía pedir porque nos castigaban”.
En ese contexto cobra protagonismo Pablo César Casco; “Se ocupaba personalmente de aparecer y amedrentar. Los otros jefes aparecían en muy pocas ocasiones, y cuando lo hacían no eran amables, pero observaban mínimas normas de urbanidad. Casco en cambio estaba permanentemente con actitudes denigratorias como decirnos “ahora van a saber lo que es quebrarse” afirmó Dedieu. Peinó coincidió y remarcó que “el día de lo de Margarita Belén era su franco, era un domingo, pero Casco apareció. Yo estaba en el pabellón 2, de ahí lo sacaron a Luis Barco y a otros. Casco estaba del otro lado de la reja. “Salgan o si no entra el Ejército” nos amenazó. Barco me abrazó y me dijo “soy boleta compañero”. No, es un traslado, le dije. Me volvió a abrazar y así se fue…” .
Ambos testigos precisaron que a fines del 76, pero antes del fusilamiento clandestino del 13 de diciembre vieron como Miguel Ángel Sánchez fue sacado del uno de los pabellones y subido esposado con los ojos vendados a un vehículo. Tiempo después su cuerpo fue entregado a su familia, en Posadas, a cajón cerrado. “Hicimos una presentación al Juzgado Federal reclamando por seguridad. A la guardia siguiente, tengo muy clara la memoria cuando el oficial se paró en la puerta del pabellón y gritó “Me cago en la presentación de ustedes” y rompió el papel”.
José Luis Valenzuela y Eugenio Domínguez Silva aportaron datos referentes a la complicidad judicial de todo el equipo de la Justicia Federal de entonces con el dispositivo del terrorismo de Estado. “A mí interrogó directamente el Poder Judicial. Hubo un compromiso siniestro entre las fuerzas de seguridad y el Juzgado Federal” indicó Valenzuela. Domínguez Silva tenía 17 años al momento de su detención pero de igual modo fue condenado. “El Juzgado sabía que era menor, pero el fiscal pidió 14 años, el juez me dio 7 años. No teníamos defensor. La Cámara Federal me absolvió. En la resolución dijeron que al juez se le pasó el pequeño detalle de que yo era menor porque el expediente era muy voluminoso” .Manifestó haber sufrido Manifestó haber sufrido tormentos y que durante los tres años que pasó en cautiverio, en ocasión dela visita de Cruz Roja Internacional a la Alcaidía fue retirado de allí y confinado a la Brigada de Investigaciones.
PONTI; “LA BANDA DE MAZZONI”
Párrafo aparte para la exposición de Aníbal Ponti, cuya declaración no llegó a término luego de que surgiera un entredicho entre el testigo y el tribunal a raíz de un pedido acotar la declaración a los “hechos concretos” cuando Ponti estaba realizando una serie de afirmaciones de contexto, sobre el origen de la tortura en la Argentina en base a la experiencia contrainsurgente de la “Escuela Francesa” en Argelia en los años cincuenta/sesenta.
Referente histórico del Integralismo y de la Juventud Peronista, Ponti sufrió cárcel y torturas en razón de su militancia ya desde 1974, cuando fue detenido por primera vez, y luego desde 1975 y los siete años que estuvo preso de la última dictadura. Además tiene una hermana víctima de desaparición forzada. En la actualidad es presidente de la Comisión Provincial por la Memoria en representación de la Asociación de Ex detenidos Políticos. Ponti ya declaró en las causas Caballero I, por torturas en la ex Brigada de Investigaciones, en el año 2010 y en la Causa Masacre de Margarita Belén, en ese mismo año.
“A Mazzoni lo conocí a partir de mi primera detención en 1974, yo era delegado de la Juventud Peronista y esa fue la primera causa que tuve. Fui torturado en la Brigada de Investigaciones” comentó al inicio de su declaración. Expuso que de ese modo fue conociendo a “esa banda presidida por el doctor Córdoba Mazzoni, Flores Leyes y Rescka. Tenían una ideología definida que compartían de modo uniforme. Fueron cómplices de todas las torturas, si hubiese existido un Poder Judicial diferente no hubiese habido torturas”. Comentó que habiendo pasado más de cuarenta días sin poder higienizarse y sufrido torturas con picana eléctrica que le provocaron magulladuras y escoriaciones en oportunidad de entrevistarse en sede judicial fue revisado y las escoriaciones registradas como un caso hongos. “Se hacían los estúpidos. Denuncié todo esto a Mazzoni y me decía que nosotros íbamos a estar veinte años presos. Aguantátela me dijeron”. Mientras Mazzoni, a pocos metros del testigo, fijaba la mirada en algún punto entre la mesa de su escritorio y el suelo Ponti continúo rememorando ; “Me quedó grabado eso. “Aguantátela”. Esa palabrita le gustaba a usted, doctor Mazzoni, y si me la aguanté, que salí en libertad y no hice Justicia por mano propia. Me la banqué Dr Mazzoni…”
Luego sobrevino el contrapunto, con el pedido desde el tribunal de concentrar la declaración en el “objeto procesal” y el testigo que interpretó que se lo censuraba; “No me va a cortar la palabra. Esperé medio siglo, no me van a dar cinco minutos” alegó Ponti, varias veces, fiel a su estilo franco y temperamental. Ante lo inédito de la situación el tribunal resolvió interrumpir la declaración testimonial y continuarla el día miércoles. “Nos parece lo razonable para no llevar esto a un nivel emocional en extremo” sostuvo el juez Iglesias, luego de desalojar al testigo de la sala de audiencias. No obstante, Ponti hizo llegar a la sala su intención de continuar in situ con su declaración y la imposibilidad de hacerlo a posteriori.
Ello originó un nuevo debate entre las partes, con la intervención de una de las psicólogas del Programa de Asistencia a las Víctimas de la CPM Chaco convocada por el tribunal para informar sobre estado de ánimo del testigo- es una situación estresante y el haber sido interrumpida su declaración acentúa esta situación indicó-, luego de lo cual el tribunal decidió dar por culminado el testimonio e incorporar por lectura la declaración de Ponti realizada en la etapa de instrucción del proceso. Desde la Fiscalía se dejó sentado su negativa en ese sentido y se hizo reserva de recurrir en Casación al respecto.
