LUZ Y GAS: EL GOBIERNO PRORROGÓ HASTA MARZO EL CONGELAMIENTO DE LAS TARIFAS

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A fin de poder renegociar los aumentos tarifarios de los servicios públicos así como definir la instrumentación de un sistema que diferenciará el monto de incremento según los ingresos de los usuarios, el Gobierno prorrogó este jueves por 90 días el congelamiento de las tarifas previstas en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que vencía a fin de año.

El Decreto 1020/2020, publicado este jueves en el Boletín Oficial, extendió la intervención del ENRE y del ENARGAS por un año o “hasta que se finalice la renegociación de la revisión tarifaria”. Mientras perdure la intervención, el ENRE mantendrá su competencia sobre el servicio público de distribución de energía de las concesionarias Empresa Distribuidora Norte SA (EDENOR) y Empresa Distribuidora Sur SA (EDESUR).

A poco de que venza la Ley de Solidaridad sancionada el diciembre pasado y que congeló las tarifas de luz y gas, la Secretaría de Energía ya tiene casi lista su propuesta de “reestructuración tarifaria”.

Tras una auditoría se determinó que “las tarifas que registraron aumentos sustanciales para los servicios públicos no han sido justas, ni razonables, ni transparentes”. Así, propusieron al Poder Ejecutivo iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria vigente y proceder “una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios industrias” que se ha verificado durante el 2020, “en razón del mantenimiento tarifario al observar la evolución de los montos a facturar a usuarios del público y por otro lado la evolución del nivel general de precios, salarios y actividad económica”.

El ENRE y el ENARGAS estarán al frente del proceso, cuyo plazo no podrá exceder los dos años desde su entrada en vigencia. Sin embargo, ambos organismos dependientes de la Secretaría de Energía podrán prever “adecuaciones transitorias de tarifas”. Los entes reguladores deberán organizar un banco de datos del proceso de renegociación, llevar adelante los regímenes de audiencia pública, de consulta pública y de participación ciudadana que resulten pertinentes.

El Gobierno pretende que el 40% de la población argentina que vive en situación de pobreza no sufra cambios en las boletas, tras la recesión en la que está sumida la Argentina desde hace 3 años y agravada por la pandemia de coronavirus, que incrementó el desempleo y la pérdida de ingresos.

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