Cabe recordar que el propio Gobierno Provincial emitió un decreto, el 298/19, para suspender permisos futuros de modificación de suelos, revelando así la mala confección de dichos permisos.
De todas maneras, no suspendió 53 permisos otorgados con anterioridad que no cumplían con la normativa nacional de bosques nativos.
Ante la situación, “en marzo la Defensoría del Pueblo recomendó a la Dirección de Bosques suspender esos permisos, pero nunca obtuvo respuestas”, informó el secretario de Legal y Técnica, Daniel Fornies. “Se agotaron las vías de diálogo antes de llegar a la Justicia”, añadió.
“Con la recomendación se agotan las vías administrativas y en virtud de la importancia de los derechos en juego, se recurrió a la justicia”, aseguró Fornies, explicando que se presentó un pedido de medida cautelar y amparo por la falta de cumplimiento a los requisitos para llevar adelante el ordenamiento territorial y la recategorización expresados en la Ley Nacional de Bosques. Lejos de estar mal informados o tomando “fake news”, la justicia hizo lugar a la cautelar de la institución y ordenó suspender los permisos que seguían vigentes a pesar de no cumplir las reglas.
“Nuestra defensa es a los intereses colectivos de preservar los bosques, esto beneficia también a los productores forestales”, aseguró el secretario.
“Más allá de las expresiones recibidas por algunos sectores forestales, que tildaron al trabajo de la Defensoría del Pueblo de ‘plegarse a una moda’, estar desinformados o tomar ‘fake news’, la Justicia hizo lugar a la presentación de la institución en favor del medioambiente en base a datos objetivos de la realidad”, señaló Fornies.
Por último, explicó que “nunca se paralizó la actividad forestal, solo atacamos los permisos otorgados que eran irregulares”.